Por: Yanio Concepcion
La reciente denuncia del ingeniero forestal Eleuterio Martínez sobre el incumplimiento de la franja de protección costera establecida en la Ley 305-68 reabre un debate fundamental: la brecha persistente entre el diseño normativo ambiental y su aplicación efectiva en la República Dominicana.
Casos como el de Cabarete evidencian fallas sistemáticas en los mecanismos de control territorial, donde disposiciones legales claras son desplazadas por prácticas de ocupación y construcción al margen de la regulación vigente. Este fenómeno no es aislado, sino representativo de una debilidad estructural del sistema de gobernanza ambiental.
Desde una perspectiva institucional, el país dispone de un marco jurídico relevante, articulado en torno a la Ley 64-00 y complementado por múltiples reglamentos, decretos y resoluciones administradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No obstante, la efectividad de este entramado se ve limitada por tres factores críticos: dispersión normativa, debilidad en la fiscalización y baja capacidad sancionadora.
En este contexto, se plantea la necesidad de avanzar hacia un enfoque metodológico más riguroso: la construcción de una matriz nacional de incumplimientos ambientales. Este instrumento permitiría sistematizar evidencia empírica sobre fallas regulatorias, clasificándolas en áreas estratégicas como gestión costera, ordenamiento territorial, recursos hídricos, biodiversidad y licenciamiento ambiental.
Más allá del diagnóstico, este ejercicio debe servir como base para una reforma de mayor alcance: la formulación de un Código Ambiental Nacional, orientado a la integración, armonización y actualización del marco jurídico existente. La literatura comparada demuestra que los procesos de codificación contribuyen a mejorar la coherencia normativa, reducir ambigüedades interpretativas y fortalecer la capacidad de cumplimiento.
Se propone, en consecuencia, la conformación de un equipo multidisciplinario que articule capacidades técnicas y jurídicas, con el mandato de producir un documento estructurado en cuatro componentes: (1) inventario normativo vigente, (2) identificación de patrones de incumplimiento, (3) análisis de vacíos regulatorios y (4) propuesta de codificación ambiental.
La transición desde un sistema normativo fragmentado hacia un modelo integrado no es únicamente un ejercicio técnico, sino una condición necesaria para fortalecer la gobernanza ambiental, garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y consolidar el Estado de derecho ambiental.
El desafío no radica en legislar más, sino en ordenar, integrar y hacer cumplir.
Ambientalista Martínez denuncia irrespeto a 60 metros franja costa https://hoy.com.do/el-pais/ambientalista-martinez-denuncia-irrespeto-60-metros-franja-costa_1080862.html#utm_source=rrss-comp