La reforma al Código Penal Dominicano no contempla la pena de muerte. Sin embargo, de hecho, hay quienes sin control alguno disponen de la vida de seres humanos.
Cuando se deja sin vida una criatura en el vientre de una madre, es una pena de muerte decretada. Acabar con la vida de un ser humano, aunque haya delinquido, es aplicar la pena de muerte en clara violación a lo que establecen la Constitución y las leyes del país.
Así que privar de la vida a un ser humano es una decisión ilícita de quien los haga desde el Estado- Nadie en el país ha de hacerse de la vista gorda ante los hechos escandalosos que sacuden nuestra sociedad y , entre todos, debemos ir buscándole solución a los actos delincuenciales, sin sentenciar a muerte a ningún ser humano. Nuestro sistema de justicia ha de cumplir a cabalidad su rol.
Las muertes ocurridas recientemente por alegados intercambios de disparos, supuestos enfrentamientos con los cuerpos policiales, deben llamarnos la atención sobre ¨una crónica de muerte anunciada¨, cuando en la realidad nuestras autoridades saben de sobra dónde operan y cómo operan los delincuentes en todo el país.
Los presuntos ¨intercambios de ¨disparos¨ han servido ocultar verdades, supuestamente castigar el crimen y hasta para acabar con la vida de jóvenes políticamente disidentes. La costumbre hace ley, dicen los juristas, de modo que es hora de frenar esta práctica ilegal como pena de muerte. Que esta penosa situación no siga alargándose en el tiempo.
La buena práctica de la especialización de los agentes públicos, enfatizar en los procesos de la investigación de los hechos y sus causas, nos obliga a llamar a la aplicación correcta de las leyes y adecuarlas a los tiempos presentes.