Por: Yanio Concepción
En la vida hay gente buena y gente mala. Lo peor es el silencio de los buenos y la vulnerabilidad de dejarse comprar o manipular por los malos, que manejan poderes e intereses que socavan la democracia y el bien común.
El Congreso Nacional aprobó, sin debate, casi sin leer, un préstamo de más de dos mil millones de dólares para la construcción de una central eléctrica de 674.78 megavatios, compuesta por dos plantas termoeléctricas a carbón para Punta Catalina, Baní. Allí no entró el hombre del maletín con dólares. Por eso, el préstamo fue aprobado sin objeción ni discusión, sin importar la destrucción y contaminación que implica para el medio ambiente de la zona.
Las discusiones en la Cámara de Diputados de la propuesta de ley “Parque Nacional Loma Miranda”, aprobada con enmiendas por los Senadores, tardaron más de cinco horas. Se demuestra, una vez más, que los intereses del pueblo no son los mismos que los de las cámaras legislativas. Por más de dos años, el 88% de la población ha esperado y reclamado que Loma Miranda sea declarada Parque Nacional. La mayoría de los legisladores y diputados están de acuerdo con esto. Pero los dólares dieron un golpe de estado en el Congreso Nacional que rompió esta iniciativa.
El espectáculo mediático, las mentiras y la corrupción han sido escenas de una historia de mal gusto y de pocos escrúpulos. Esto despierta en el pueblo una inconformidad que se anida en rebeldía popular, muy difícil de controlar por el Gobierno y el Congreso. Loma Miranda ha destapado la miseria moral de una clase política a espaldas de la realidad nacional.
La democracia es del pueblo y para el pueblo. El pueblo exige gobernar con integridad y transparencia. ¡Basta de triquiñuelas y falsa moral! Loma Miranda ha abierto un conflicto político en el partido y gobierno de turno. La verdad y la racionalidad ambiental se impondrán, cueste lo que cueste. El pueblo y la Iglesia ya emprendieron un rumbo que solo admite un final feliz: “Parque Nacional Loma Miranda”. Solo esperamos que el Presidente y el Congreso actúen con sensatez y sabiduría a favor del bien común y en obediencia al derecho ambiental del pueblo.