Por: Yanio Concepción
La impotencia se apodera del tren judicial nacional a la hora de someter a la justicia a los que administran la cosa pública. La historia se repite cada cuatro años. El juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Leomar Cruz, ordenóel archivo definitivo del expediente contra el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Rúa, por alegada corrupción.
La fiscal Yeni Berenice Reynoso, quien lleva el caso, comentó en las redes que, tras 18 meses de investigación y cientos de evidencias recolectadas, “quedó prohibido judicialmente perseguir la corrupción”. Expresó su impotencia: “Que la impunidad siga de fiesta. El Tribunal dispone archivo definitivo de todas las investigaciones en el caso del ex ministro Díaz Rúa”.
La decisión ha causado mucha indignación en la población. Es alarmante que esto suceda y lo peor es que pasará como un caso más que se queda sin justicia y sin análisis ante la prensa y los organismos competentes. Mentira, engaño y corrupción campean en el ámbito del poder. La clase política se protege cada cuatro años sin que se pueda hacer un análisis de la conducta de los funcionarios públicos con la seriedad que amerita.
La juventud, en cualquier administración, tiene muchos desafíos con la transparencia y el accionar público para mejorar una sociedad sin dolencia social ni política. Lo manifestado por la fiscal Reynoso deja mucho que pensar sobre el destino que tenemos como país en la administración pública y ante la justicia dominicana.
Lo acontecido es un mal precedente para esta y la futura generación en cuanto a enfrentar la corrupción con los administradores públicos, que amarran todos los estamentos con la complicidad de los nuevos sucesores. Así no vamos caminando bien. ¡Que siga la fiesta con los recursos públicos! Esto no es un buen indicio para la aplicación de justicia ni para garantizar un verdadero desarrollo sostenible.