Por. Yanio Concepción
La ética pública define el accionar de los funcionarios y del gobierno como el mejor mensaje de los políticos en su administración de recursos del Estado. Se fija, por supuesto, en la necesidad de transparencia e el manejo del erario. En definitiva, cómo actúa el funcionario ante los ciudadanos.
Soborno es el ¨ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio; algo injusto e ilegal¨ que practican políticos de distintas ideologías y partidos. Como en política usar recurso público no tiene aquí consecuencias judiciales drásticas, usar el soborno y el clientelismo se convierte en una regla.
Las campañas quedan marcadas por el proselitismo sin control en gran parte basado en el soborno y el clientelismo, sin una ley que regule el accionar de los aspirantes políticos y sin que el gobierno ponga coto. Evidentemente, una actitud así pone en desventaja a aspirantes que si tienen una clara hoja de servicios en la comunidad. Resulta vergonzoso el manejo de recursos públicos y privados a diestra y siniestra moviendo a empleados públicos y a pobres que esperan una simple paga para movilizarse en un acto político.
La cultural política de compra de conciencia, sin ningún castigo judicial, castra la democracia por las aspiraciones desmedidas y el uso de los recursos públicos. Y transcurre, como si todo esto fuera normal entre una ciudadanía que ha sido corrompida por el soborno y compra de conciencia.
Cada día es más desagradable ver el proselitismo sin control y en un mal uso de recursos por parte de candidatos a los cargos públicos desde un simple regidor hasta aspirantes a la presidencia de la República.
Es lamentable que por el clientelismo, la compra de conciencia y el soborno entre aspirantes a puestos públicos, no se pueda demostrar en parte la procedencia de sus recursos. Algo totalmente rechazable. Son actitudes que no nos ayudan a crecer en democracia.