Por: Yanio Concepción
Hay temas de dominio público que la población espera con paciencia y en alerta como es la demorada decisión estatal en el caso de Loma Miranda. Muchos políticos creen que “ellos se la saben todas” y sobre todo que saben cómo manipular el pueblo. Ellos, al parecer, ignoran que en el pueblo está el conocimiento, está el poder de la pluralidad, está la autoridad de las masas, está el corazón del país.
En el mundo tecnológico y globalizado, ni el conocimiento ni el poder radican donde se concentraban antes. Los derechos humanos fundamentales, ambientales, laborales, educativos, entre otros, son de dominio público y de alcance mundial. De hecho, el tema del Parque Nacional Loma Miranda ha trascendido más allá de nuestra frontera.
El PNUD ¨reclutó a un equipo internacional multidisciplinario y, alineado con los principios de objetividad, neutralidad y transparencia, utilizó una metodología incluyente y participativa que comprende trabajo de campo, visitas al terreno, estudios de documentos, y reuniones con interesados de todos los sectores¨, para responder a la solicitud del Gobierno. Sin embargo, a pesar de haber publicado ya los resultados, hace más 10 meses, las autoridades han hecho caso omiso a la conclusión de estos estudios.
El PNUD concluyó que ¨dadas las deficiencias encontradas en el Estudio de Impacto Ambiental, se concluye que el Proyecto de Loma Miranda no responde a las exigencias ambientales y sociales, y por ende, de desarrollo sostenible del país¨. Por la situación existente se ¨dejan importantes pasivos ambientales y sociales. Al ser un estado insular en desarrollo, los impactos negativos que inevitablemente ocurren, se deben mitigar¨.
La falta de determinación del Gobierno, a pesar de haber invertido cientos de miles de dólares en el Estudio de Impacto Ambiental del PNUD y haber declarado públicamente que tomarían una decisión después de conocer los resultados de esta evaluación, que concluyó que la explotación de Loma Miranda es inviable, no tiene razón ni explicación.
Al parecer en el país no se quieren respetar las investigaciones técnicas nacionales ni internacionales. Tampoco el Gobierno ha reconocido la licencia social del pueblo,la plegaria de las iglesias, la aprobación de la Cámara de Diputados ni las decisiones de las Altas Cortes judiciales del país que prohíben que se toque Loma Miranda y se convierta en área protegida, como manda la Constitución Dominicana.
La campaña excesiva de “filantropía”, la presión mediática, el soborno, el lobby, la compra de conciencia comunitaria de un país pobre, con una alta impunidad ante la corrupción, es un descaro y una burla grotesca.
El país espera la decisión del Estado. En el Senado se ha atascado el proyecto de Ley Parque Nacional Loma Miranda. El pueblo espera con paciencia y con firmeza la decisión pública de los líderes políticos. Ni la demora ni la presión mediática va a hacer variar la decisión del pueblo. Mientras el país permanece en este limbo ambiental corre un alto riesgo social. La ciudadanía es consciente de sus derechos constitucionales y ha abrazado la causa Loma Miranda. Aunque tarde, la decisión es solo una: “Loma Miranda no se negocia…ni se explota”.